SD. Incumplimientos entre ambas partes, tanto legales, financieras y tecnológicas, fue lo que arrojó la auditoría realizada al contrato suscrito en  2004 por US$62.6 millones entre la Junta Central Electoral (JCE) y el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO) para el proyecto de automatización del registro civil.

El informe final de la auditoría, aprobado la pasada semana por el Pleno de la JCE, reveló que al no conseguirse financiamiento internacional para el proyecto, la Junta usó US$8,996,227 de su presupuesto interno  para pagar parte del capital y los intereses de un financiamiento puente que al 30 de septiembre de 2008 ascendía a más de US$12 millones.

El mismo experticio, realizado por el consorcio RSM-Bepam-P&H-SMA, asegura que "se afectaron en consecuencia las operaciones de la JCE". 

Según supo DL, dos bancos internacionales estaban dispuestos a financiar el proyecto de automatización. Sin embargo, para el 31 de enero de 2005, la República Dominicana firmó un acuerdo Stand by  con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que el país no podía sobrepasar su tope de endeudamiento. Así, se buscó un préstamo local con el Banco de Reservas de US$35 millones.

Los magistrados de la JCE han reiterado que la crisis se debe a que dicho banco descuenta RD$45 millones al mes para el pago del préstamo.  Sin embargo, no señalan los casi US$9 millones utilizados del presupuesto interno para pagar el proyecto, cuando la partida de la JCE de este año y del pasado asciende a RD$2,000,432,742.

Se afectarían elecciones

La crisis financiera por la que atraviesa la JCE afectaría los preparativos de las próximas elecciones congresuales y municipales de 2010. Según reveló a DL el juez José Ángel Aquino, miembro de la Cámara Administrativa de la JCE, no se descarta que para dichos comicios se recurra a otro préstamo, que profundizaría la crisis del tribunal.

Por las deudas también está afectado el proyecto de captura de datos biométricos, el cambio de cédula y el programa de declaraciones tardías.

Violación Ley Presupuesto

La auditoría también reveló que se violaron las Leyes de  Aprovisionamiento y la Orgánica de Presupuesto para el Sector Público. La primera establece  que la asignación de fondos a proyectos similares (al de la JCE y SOMO) debe someterse a la aprobación de la Oficina Nacional de Presupuesto. En base a la Ley de Presupuesto, la Junta también debió someter el presupuesto del proyecto al Congreso Nacional, para que no se afectaran así las finanzas de la JCE.

Violaciones entre ambas

En cuanto al proceso de licitación, la auditoría arrojó que SOMO, un consorcio que agrupa varias empresas internacionales, no presentó documentación que  diera crédito a otros trabajos previos, a excepción de los proyectos hechos en Brasil, desde el 1996, por la empresa Samurai, perteneciente al consorcio.

También señala que la JCE incumplió con la adecuación de las Oficialías del Estado Civil para instalar los equipos usados en la automatización.

¿Continuará contrato JCE-somo?

Hace más de tres años que la JCE y SOMO mantienen una litis, ya que la primera detuvo los trabajos por alegado incumplimiento del contrato. El pasado 9 de febrero, la Cámara de Comercio de Santo Domingo condenó a la JCE a pagar US$9,042,000 a SOMO por trabajos realizados y no pagados. A eso se suma un astreinte por cada día que deje de pagar que ya supera el millón de dólares. La auditoría dejó entrever que a la JCE no le conviene terminar el contrato con SOMO, pues otra licitación requeriría dinero y tiempo. De seguir el contrato, recomendó revisar los puntos incumplidos.