Dos grandes fenómenos están empujando la sociedad dominicana hacia nuevos cambios estructurales: Uno es el desarrollo del turismo, del cual hablaremos en otra ocasión. El otro es la creciente presencia de inmigrantes haitianos en territorio dominicano.

En 1983, por ejemplo, había apenas 27,000 haitianos viviendo legalmente en el país. Todavía en 1998, en víspera del paso del ciclón Georges, la población haitiana asentada legalmente en territorio dominicano no pasaba de 100,000 personas.

En aquel año en la orilla occidental de la carretera internacional, que sirve de línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana, había apenas tres docenas de viviendas de campesinos haitianos muy pobres. Estos aprovechaban los ríos Libón y Artibonito y los bosques dominicanos circundantes para abastecerse de agua y leña.

Hoy la carretera internacional, que es la parte más visible de la frontera dominico-haitiana en el centro de la isla, es el escenario de un denso asentamiento campesino haitiano que sirve de trampolín a miles de emigrantes que desean huir de la pobreza en su país.

En el año 2004, dos investigadores británicos (Bridget Wooding y Richard Moseley-Williams) estimaron la población haitiana inmigrante en unas 380,000 personas. Hoy, año 2010, muchos observadores estiman que la población haitiana en la República Dominicana sobrepasa el millón de personas.

La carretera internacional no es el único asentamiento fronterizo importante en la zona fronteriza. Otros, como Ouanaminthe, Tilorí, Hincha, Mirabalais, Malpasse, Anse-a-Pitre, sirven de puntos de envío de emigrantes hacia territorio dominicano.

Una parte importante de estos campesinos permanecen en las provincias fronterizas trabajando como peones de terratenientes dominicanos, pero la mayoría busca vías para penetrar más profundamente hacia el este de la isla.

Muchos terminan estableciéndose en las ciudades más importantes en donde encuentran empleo como obreros de la construcción, vendedores ambulantes y como empleados domésticos y guardianes de viviendas.

Muchos otros se han establecido en zonas agrícolas, ganaderas y cafetaleras en donde trabajan como peones. Otros ya se han establecido en los centros turísticos y allí desempeñan múltiples ocupaciones.

La mayoría de los haitianos residentes en el país han ingresado ilegalmente y así permanecen pues las autoridades dominicanas han sido incapaces de controlar la frontera cuando se lo han propuesto, o han decidido dejar de luchar para controlar el flujo de inmigrantes ilegales.

Existe en la zona fronteriza toda una red de traficantes que involucra a las autoridades civiles y militares y a los líderes políticos locales, y que se lucra del tráfico de inmigrantes ilegales.

Los mismos campesinos dominicanos de la zona fronteriza facilitan la inmigración de campesinos haitianos para de esa manera obtener mano de obra barata que les ayude a quemar bosques y limpiar terrenos para abrir y cultivar conucos.

Zonas como Río Limpio, Los Bolos, Loma de Cabrera, Aceitillar, Los Arroyos y Pedernales son hoy el escenario de un proceso continuo de deforestación que esta convirtiendo aquellos territorios en zonas desoladas expuestas a la desertificación, como ha ocurrido ya en el suelo haitiano.

La inmigración ilegal haitiana se ha acelerado desde 1998 hasta la fecha. En su primera administración, que estuvo marcada por su deuda política con los grupos ultranacionalistas, el Presidente Leonel Fernández inició la deportación de los inmigrantes ilegales, pero tuvo que detenerse ante las protestas de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, y de algunos miembros radicales del clero católico que operan en las provincias fronterizas.

Pronto se hizo público que el Estado dominicano no deportaría a los haitianos ilegales y el flujo recomenzó con mayor fuerza.

A partir del año 2000, el gobierno de Hipólito Mejía puso en marcha un programa de inversiones masivas en las provincias de la frontera (apertura de caminos, construcción de clínicas rurales, acueductos y escuela, instalación de redes eléctricas).

Aparte de favorecer a los pobladores dominicanos de aquellas regiones, ese programa sirvió para atraer aún más a los empobrecidos campesinos del vecino país.

Entre los años 2000 y 2004 los controles de inmigración también siguieron relajándose pues las autoridades querían evitar ser acusadas de violar los derechos humanos de los haitianos. Las redes de tráfico de inmigrantes continuaron desarrollándose.

El gobierno abrió las escuelas y los hospitales a todos los haitianos que requirieran esos servicios y decidió otorgarles un documento de identidad que los inmigrantes han terminado considerando como prueba de legalización de su status.

El nuevo gobierno de Leonel Fernández (2004-2010) ha mantenido esa política de tolerancia y el resultado ha sido la ocurrencia de la mayor ola de inmigración haitiana en toda la historia de la isla pues en el curso de los últimos diez años se han establecido cerca de un millón de haitianos en la República Dominicana.

A medida que la situación económica y social haitiana ha ido deteriorándose, la presión migratoria ha ido subiendo. Además de los campesinos ya mencionados, también han emigrado a la República Dominicana numerosas familias haitianas de clase media y alta que aprovechan de los servicios sociales, educacionales y sanitarios que no encuentran en su país.

En numerosas ocasiones, los responsables de los organismos de salud pública han advertido que en muchos hospitales la mayoría de las parturientas hoy son haitianas. Las escuelas y universidades tienen, asimismo, una población creciente de estudiantes haitianos que conviven pacífica y naturalmente con sus contrapartes dominicanos.

En lugares de agricultura intensiva, como Constanza, la mitad de la mano de obra en los campos está compuesta por jóvenes haitianos, al igual que ocurre en las plantaciones de café, en los campos de yuca y tabaco del Cibao, en las zonas arroceras y en hatos ganaderos que nunca antes utilizaron mano de obra haitiana.

Aun cuando continuamente se alzan algunas voces ultranacionalistas para protestar de la presencia haitiana en la República Dominicana, y a pesar de que en varias ocasiones han ocurrido actos de violencia étnica en algunas aldeas y pueblos del interior, hasta el momento (2010) la economía dominicana continúa asimilando mano de obra haitiana y sigue empleándola en los niveles más bajos de la escala laboral.

Algunos economistas dicen que esto perjudica a la clase trabajadora dominicana porque contribuye a deprimir los salarios.

Otros dicen que en el mediano plazo la República Dominicana se encamina a un callejón sin salida en su lucha contra la pobreza pues el país está importando cada vez más pobres en tanto que la base productiva y los servicios sociales no crecen a la misma velocidad que la población inmigrante.

Otros, más radicales acusan a las autoridades de permitir la "haitianización creciente del país" y se valen de argumentos nacionalistas tradicionales que datan de las guerras dominico-haitianas del siglo XIX.

En medio del creciente debate sobre este nuevo fenómeno histórico, los dominicanos fueron sorprendidos, por el reciente terremoto que destruyó gran parte de Puerto Príncipe, Léogane y Jacmel, en Haití, el 12 de enero de 2010.

Esta catástrofe ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones dominico-haitianas pues el pueblo dominicano y su gobierno, espontánea e independientemente uno del otro, se lanzaron a rescatar el vecino país aportando ayuda masiva, auxiliando a los heridos y refugiados, y permitiendo la llegada masiva de nuevos inmigrantes.

El terremoto haitiano ha espoleado la emigración hacia República Dominicana y el proceso continúa ahora más intenso que antes. Cuáles serán las consecuencias es algo que todavía está por verse aunque muchos dominicanos creen que es fácil adivinarlo.

De Frank Moya Pons